ARBITRATION: RULES, CLAUSES & COSTS

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(All listed languages)

La Corte de Arbitraje Internacional de Londres (LCIA), probablemente la más veterana de todas las instituciones arbitrales internacionales existentes, proporciona organización, presencia, actividades y servicios en todo el mundo. La LCIA administra arbitrajes internacionales en cualquier sede y bajo cualquier ley aplicable, a costos competitivos de gestión. Aunque radicada en Londres, la LCIA es una institución internacional que ofrece eficacia, flexibilidad y neutralidad a las partes litigantes que aceptan resolver sus diferencias bajo sus auspicios.

El Reglamento de Arbitraje de la LCIA de 1998 refleja el resultado de extensas consultas con diversos especialistas en arbitraje, provenientes de un amplio abanico de jurisdicciones. Su texto ha sido actualizado para satisfacer las evoluciones de la comunidad empresarial internacional, las de los abogados con práctica internacional y las de los árbitros, combinando las ventajas de los sistemas de derecho común y derecho civil.

INDEX

La solicitud de arbitraje
La respuesta
La LCIA y su Secretario
Notificaciones, citaciones y plazos
Constitución del Tribunal Arbitral
Nacionalidad de los árbitros
Designación directa por la parte y designación deferida
Tres o más partes litigantes
Constitución sumaria
Revocación del nombramiento del árbitro
Nombramiento y sustitución del árbitro
Decisión mayoritaria para continuar la instrucción del arbitraje
Comunicaciones entre las partes y con el Tribunal Arbitral
Instrucción del procedimiento
Presentación de escritos y documentos
La sede del arbitraje y de las audiencias
El idioma del arbitraje
Representación de la parte
Audiencias
Testigos
Peritos del Tribunal Arbitral
Facultades adicionales del Tribunal Arbitral
Competencia del Tribunal Arbitral
Provisiones
Medidas provisionales de protección y de aseguramiento de bienes litigiosos
El laudo
Corrección de laudos y emisión de laudos adicionales
Costas del arbitraje y honorarios profesionales de asistencia letrada
Las decisiones de la Corte de la LCIA
Confidencialidad
Exclusión de responsabilidad
Reglas generales

Cláusulas arbitrales recomendadas
Arancel para el cálculo de los gastos administrativos y de los honorarios de los árbitros

Reglamento y Arancel de gastos y Honorarios vigente a partir del 1º de enero 1998

Se presumirá la aceptación de las partes para someter la instrucción de un arbitraje a las disposiciones del presente Reglamento (en lo sucesivo, el Reglamento) o a las de cualquier otro Reglamento modificado y aprobado por la LCIA antes del inicio del arbitraje, cuando, por medio de cualquier convenio arbitral o por medio de cualquier referencia escrita, dichas partes se sometan a arbitraje bajo el Reglamento o por la Corte de la LCIA. El Reglamento incluye un arancel para el cálculo de los gastos administrativos y de los honorarios de los árbitros (en lo sucesivo, el arancel), vigente al inicio del arbitraje, que la Corte de la LCIA podrá modificar eventualmente.

1.1
La parte que desee instar un arbitraje bajo este Reglamento (en lo sucesivo, la Demandante) enviará su solicitud de arbitraje (en lo sucesivo, la solicitud) al Secretario de la LCIA (en lo sucesivo, el Secretario), conteniendo o acompañando:

(a)
os nombres, direcciones números de teléfono y fax, télex y, de conocerse, buzones de correo electrónico de las partes en el arbitraje y de sus abogados;

(b)
una copia de la cláusula o convenio arbitral (en lo sucesivo, el convenio arbitral) invocado por la Demandante, junto con una copia de la documentación contractual en la que se recoja la cláusula arbitral o de la que derive el arbitraje;

(c)
una exposición sucinta de la naturaleza y circunstancias de la controversia, especificando las pretensiones de la Demandante frente a la parte contraria en el arbitraje (en lo sucesivo, la Demandada);

(d)
una relación de aspectos procedimentales (tales como la sede del arbitraje, el idioma, el número de árbitros, sus cualidades o sus identidades) en los que exista acuerdo previo por escrito de las partes en el arbitraje o sobre los que la Demandante desee formular propuestas;

(e)
si el convenio arbitral prevé la designación de los árbitros por las partes, el nombre, la dirección y los números de teléfono y fax, télex y, de conocerse, buzones de correo electrónico del candidato de la Demandante;

(f)
los derechos de registro establecidos en el arancel, sin los cuales la solicitud se tendrá por no recibida y no se dará curso a la tramitación del arbitraje; y

(g)
la confirmación al Secretario de que las copias de la solicitud, junto con sus documentos anexos, han sido o están siendo notificadas simultáneamente a las demás partes en el arbitraje por cualquier medio que permita su acreditación.

1.2
Para todos los efectos, se tendrá por iniciado el arbitraje el día de la fecha de recepción de la solicitud por el Secretario. Si se pretende designar un sólo árbitro para resolver la controversia, se remitirá original (con documentos anexos) y una copia de la solicitud al Secretario. Si la Demandante estima que la diferencia se resolverá por tres árbitros o de existir acuerdo entre las partes en tal sentido, se remitirá original (con sus documentos anexos) y tres copias de la solicitud.

2.1
La Demandada remitirá al Secretario una respuesta escrita a la solicitud (en lo sucesivo, la respuesta) dentro de los 30 días siguientes al de la notificación a la Demandante de la solicitud o en un plazo inferior fijado por la Corte de la LCIA, conteniendo o acompañando:

(a)
la aceptación o el rechazo total o parcial de las pretensiones de la Demandante contenidas en la solicitud;

(b)
una exposición sucinta de la naturaleza y circunstancias de la demanda reconvencional que la Demandada pretenda formular contra la Demandante;

(c)
la contestación a las propuestas relativas a la instrucción del arbitraje contenidas en la solicitud, según lo dispuesto en el Artículo 1 (1) d.; sobre materias relativas al procedimiento arbitral;

(d)
si el convenio arbitral prevé la designación de los árbitros por las partes, el nombre, la dirección y los números de teléfono y fax, télex y, de conocerse, buzones de correo electrónico del candidato de la Demandada; y

(e)
la confirmación al Secretario de que las copias de la respuesta, junto con sus documentos anexos, han sido o están siendo notificadas simultáneamente a las demás partes en el arbitraje por cualquier medio que permita su acreditación.

2.2
Se remitirá original (con documentos anexos) y una copia de la respuesta al Secretario, o si la Demandada estima que la diferencia se resolverá por tres árbitros o de existir acuerdo entre las partes en tal sentido, se remitirá original (con sus documentos anexos) y tres copias de la respuesta.

2.3
La ausencia de respuesta no impedirá a la Demandada rechazar cualquier pretensión contraria o anunciar la interposición de una demanda reconvencional durante el arbitraje. No obstante, si el convenio arbitral prevé la designación de los árbitros a instancia de parte, la ausencia de respuesta o de la designación del candidato dentro del plazo conferido se interpretará como una renuncia irrevocable de la Demandada a designar su árbitro.

Artículo 3
La LCIA y su Secretario

3.1
Las funciones propias de la Corte de la LCIA previstas en este Reglamento se desempeñarán en su nombre por el Presidente o un Vicepresidente de la Corte de la LCIA o por un comité de tres o cinco miembros de la Corte de la LCIA, designados por el Presidente o por uno de los Vicepresidentes de la Corte de la LCIA, según disponga el Presidente.

3.2
Las funciones del Secretario previstas en este Reglamento se desempeñarán por el Secretario o un Secretario en funciones de la Corte de la LCIA, bajo la supervisión de la Corte de la LCIA.

3.3
Toda comunicación de cualquier parte o del árbitro con la Corte de la LCIA se dirigirá al Secretario.

4.1
Cualquier notificación, citación o comunicación que se dirija a, o solicite una de las partes al amparo de este Reglamento, se realizará por escrito y se remitirá por correo certificado o servicio de mensajería o por fax, télex, correo electrónico o por cualquier otro sistema de telecomunicación que permita acreditar su envío.

4.2
En ausencia de cualquier comunicación a la otra parte, al Tribunal Arbitral y al Secretario relativa al cambio de dirección de una de las partes, se tendrá como su domicilio válido a efectos de notificaciones o comunicaciones su última dirección conocida o su sede social durante el arbitraje.

4.3
A los efectos de determinar el inicio del cómputo de un plazo, una notificación, una citación u otra comunicación se tendrá por recibida en el día de entrega o, en el caso de telecomunicaciones, en el día de transmisión, de acuerdo con los Artículos 4.1 y 4.2.

4.4
A los efectos de determinar el cumplimento de un plazo, una notificación, una citación u otra comunicación se tendrá por enviada, cursada o transmitida si ha sido expedida bien antes de finalizar el plazo o bien en el mismo día de su finalización, de acuerdo con los Artículos 4.1. y 4.2.

4.5
No obstante cuanto antecede, cualquier notificación, citación o comunicación realizada por una parte se dirigirá a la otra parte según el proceder que éstas hayan acordado por escrito o, en ausencia de dicho acuerdo, de conformidad con la práctica habitual en las relaciones comerciales previas habidas entre ellas o de cualquier otra forma que el Tribunal Arbitral estime pertinente.

4.6
A los efectos del cómputo de un plazo bajo el presente Reglamento, dicho plazo comenzará a correr en el día siguiente al de la recepción de la notificación, de la citación o de otra comunicación. En el supuesto de que el último día del plazo sea feriado o inhábil en el lugar de residencia o en el de la sede social del destinatario, el plazo se prorrogará hasta el primer día hábil siguiente. En el cómputo de los plazos se incluyen los días feriados oficiales y los días inhábiles.

4.7
El Tribunal Arbitral puede en cualquier momento prorrogar (incluso en el supuesto de que el plazo haya vencido) o abreviar cualquier plazo previsto en el Reglamento o en el convenio arbitral para la instrucción del arbitraje, incluyendo cualquier notificación, citación o comunicación que deba notificarse por una parte a cualquier otra parte.

Artículo 5
Constitución del Tribunal Arbitral

5.1
En este Reglamento, la expresión «Tribunal Arbitral» se refiere al árbitro único o a todos los árbitros, si son más de uno. Todas la referencias a un árbitro incluyen los géneros masculino y femenino (Asimismo, se interpretarán de similar manera las referencias al Presidente, Vicepresidente y miembros de la Corte de la LCIA, al Secretario, al Secretario en funciones, peritos, testigos, partes o abogados).

5.2
Todos los árbitros que instruyan un arbitraje al amparo de este Reglamento serán y se mantendrán en todo momento imparciales e independientes de la partes, absteniéndose de actuar como abogados de éstas. Ningún árbitro, antes o después de su nombramiento, informará a las partes del fondo de la controversia o de su eventual resultado.

5.3
Antes del nombramiento por la Corte de la LCIA, cada árbitro remitirá al Secretario un resumen escrito de su actividad profesional pasada y presente; aceptará por escrito los honorarios previstos en el arancel; y firmará una declaración en el sentido de que no existen a su conocimiento circunstancias susceptibles de producir dudas razonables sobre su imparcialidad o independencia, distintas de las ya reveladas por el árbitro en su declaración. Asimismo, cada árbitro asumirá el compromiso permanente de revelar a la Corte de la LCIA, a los demás miembros del Tribunal Arbitral y a todas las partes cualesquiera otras circunstancias similares, sobrevenidas con posterioridad a la declaración ya efectuada y antes de la conclusión del arbitraje.

5.4
Después de la recepción de la respuesta por el Secretario o, si no se ha recibido aquélla, una vez vencido el plazo de los 30 días siguientes a los de la notificación de la solicitud a la Demandada (o en cualquier plazo inferior fijado por la Corte de la LCIA), la Corte de la LCIA nombrará el Tribunal Arbitral tan pronto como sea posible. La Corte de la LCIA puede constituir el Tribunal Arbitral, aunque la solicitud esté incompleta o la respuesta se haya perdido, sea extemporánea o esté incompleta. Salvo acuerdo por escrito de las partes en contrario o salvo que la Corte de la LCIA -atendiendo a las circunstancias del caso- estime apropiado un tribunal de tres árbitros, se nombrará un sólo árbitro.

5.5
Sólo la Corte de la LCIA está facultada para nombrar árbitros, de conformidad con cualquier criterio o método de selección convenido por las partes mediante acuerdo por escrito. En la selección de los árbitros se atenderá a la naturaleza de la transacción, la naturaleza y circunstancias de la controversia, la nacionalidad, residencia e idiomas de las partes y -en caso de ser más de dos- el número de partes.

5.6
Tratándose de un Tribunal Arbitral de tres miembros, la Corte de la LCIA nombrará su Presidente (que no será árbitro de parte).

6.1
Cuando las partes ostenten diferentes nacionalidades, el árbitro único o el Presidente del Tribunal Arbitral no podrá ser de la misma nacionalidad de una de las partes, a menos que exista acuerdo en contrario por escrito de las partes que ostenten una nacionalidad distinta a la del candidato propuesto.

6.2
La nacionalidad de las partes incluye la de los accionistas o la de las participaciones mayoritarias.

6.3
A los efectos de este Artículo, una persona que ostente la nacionalidad de dos o más Estados será considerado como nacional de cada uno de los Estados. Los ciudadanos de la Unión Europea serán considerados como nacionales de sus diferentes Estados Miembros, no como si tuviesen la misma nacionalidad.

Artículo 7
Designación de parte y designación deferida

7.1
Cuando las partes hayan acordado que el nombramiento de un árbitro se efectúe por una o más partes o por una tercera persona, para todo los efectos se presumirá la existencia de un acuerdo para la designación de árbitros. El candidato sólo será nombrado árbitro por la Corte de la LCIA si cumple con lo dispuesto en el Artículo 5.3. La Corte de la LCIA puede rechazar el nombramiento del candidato, si estima que éste no se ajusta a las exigencias requeridas o que no es independiente o que no es imparcial.

7.2
Por mucho que las partes hayan acordado que la Demandada o un tercero designe a un arbitro, si dicha designación no se produce dentro del plazo al efecto conferido, la Corte de la LCIA, a pesar de la ausencia de designación, puede nombrar un árbitro desentendiéndose de ulteriores designaciones. De igual forma, si las partes han acordado que la Demandante o un tercero designe a un árbitro y la solicitud carece de tal designación, la Corte de la LCIA, a pesar de la ausencia de designación, puede nombrar un árbitro desdeñando ulteriores designaciones.

8.1
Aunque el convenio arbitral autorice a cada una de las partes a designar un árbitro, cuando las partes litigantes sean más de dos y no exista acuerdo por escrito entre ellas para constituirse en dos partes distintas -la Demandante y la Demandada, respectivamente- en el arbitraje, la Corte de la LCIA constituirá el Tribunal Arbitral nombrando sus miembros e ignorando las designaciones de cualquier parte.

8.2
En estas circunstancias, el convenio arbitral será considerado para todos los efectos, como un acuerdo por escrito de las partes, delegando en la Corte de la LCIA el nombramiento del Tribunal Arbitral.

9.1
En casos de urgencia excepcional en el mismo instante o después del comienzo del arbitraje, cualquier parte puede instar a la Corte de la LCIA la constitución sumaria del Tribunal Arbitral, incluido el nombramiento de sustituto de un árbitro cesado, previsto en los Artículos 10 y 11 de este Reglamento.

9.2
Dicha petición se formulará por escrito ante la Corte de la LCIA, con copia a las demás partes en el arbitraje, especificándose en la misma los motivos de urgencia que justifiquen la constitución sumaria del Tribunal Arbitral.

9.3
La Corte de la LCIA podrá limitar o acortar discrecionalmente cualquier plazo previsto en este Reglamento para la constitución del Tribunal Arbitral, incluido el de la notificación de la respuesta y el de cualesquiera asuntos o documentos declarados ausentes de la solicitud. La Corte de la LCIA no estará autorizada a limitar o acortar ningún otro plazo.

10.1
Si (a) un árbitro comunica por escrito a la Corte de la LCIA su deseo de dimitir como árbitro, con copia a las demás partes litigantes o a los demás árbitros (de existir alguno), o (b) cualquier árbitro fallece, enferma gravemente, rechaza su nombramiento o deviene incapaz para el desempeño de su función, bien mediante recusación de una parte, bien a solicitud de los árbitros restantes, la Corte de la LCIA podrá revocar el nombramiento de ese árbitro y nombrar a un sustituto. La Corte de la LCIA decidirá los honorarios a percibir por el árbitro cesado (de corresponder alguno) según estime apropiado, dependiendo de las circunstancias.

10.2
Si un árbitro contraviene deliberadamente las disposiciones del convenio arbitral (incluido este Reglamento) o si actúa con falta de equidad o con parcialidad en su relación con las partes o si no instruye el arbitraje con la diligencia debida, evitando retrasos o gastos innecesarios, ese árbitro puede ser declarado por la Corte de la LCIA incapaz para el desempeño de la función que le ha sido encomendada.

10.3
Asimismo, un árbitro podrá ser recusado por cualquiera de las partes si concurren circunstancias que originen dudas razonables sobre su imparcialidad o sobre su independencia. Una parte sólo podrá recusar al árbitro designado por ella misma -o en cuyo nombramiento haya participado- basándose en motivos conocidos posteriormente a su designación.

10.4
La parte que recuse a un árbitro interpondrá la demanda de recusación dentro de los 15 días siguientes a la constitución del Tribunal Arbitral o, en el caso de que éste ya esté constituido, una vez haya que aquélla haya tenido conocimiento de las circunstancias previstas en los Artículos 10.1, 10.2 ó 10.3. La demanda de recusación se formulará en escrito motivado, dirigido a la Corte de la LCIA, al Tribunal Arbitral y a las demás partes en el arbitraje. Salvo que el árbitro dimita o salvo que las demás partes en el arbitraje expresen su acuerdo con la recusación formulada en los 15 días siguientes al de la recepción de la demanda de recusación, la Corte de la LCIA decidirá sobre la recusación.

Artículo 11
Nombramiento y sustitución del árbitro

11.1
En el supuesto de que la Corte de la LCIA decida la inadecuación, dependencia o parcialidad de un candidato o, si una vez nombrado éste, procede su substitución por cualquier causa, la Corte de la LCIA podrá decidir discrecionalmente si se atiene al procedimiento de designación inicialmente previsto.

11.2
En el caso de que la Corte de la LCIA así lo decida, se tendrá por renunciada a la parte a la que se le concede la oportunidad de efectuar una nueva designación si aquélla no formula ésta en 15 días (o en un plazo inferior que pueda fijar la Corte de la LCIA). Una vez transcurrido dicho plazo, la Corte de la LCIA nombrará el sustituto del árbitro.

Artículo 12
Decisión mayoritaria para continuar la instrucción del arbitraje

12.1
Si en un Tribunal Arbitral de tres miembros uno de los árbitros rehusa participar o está reiteradamente ausente de las deliberaciones del Tribunal Arbitral, los dos árbitros restantes, una vez hayan comunicado dicha situación por escrito a la Corte de la LCIA, a las partes y al árbitro rebelde, están facultados para continuar con la instrucción del arbitraje (incluida la adopción de cualesquiera decisiones, diligencias de ordenación, ordenanzas procesales o laudos) sin perjuicio de la ausencia del árbitro rebelde.

12.2
Con el objeto de decidir sobre la continuación de la instrucción del arbitraje, los dos árbitros restantes valorarán el estadio procedimental del arbitraje en curso, cualesquiera justificaciones del árbitro rebelde de su falta de participación y cualesquiera otras circunstancias del caso que sean apropiadas. Los fundamentos de la decisión adoptada se recogerán en un laudo, en una ordenanza procesal o en cualquier otra decisión dictada por los dos árbitros restantes en ausencia del árbitro rebelde.

12.3
En el supuesto de que, en cualquier momento, los dos árbitros restantes decidiesen abstenerse de continuar con el arbitraje sin la participación en sus deliberaciones del árbitro rebelde, aquéllos notificarán su decisión por escrito a las partes y a la Corte de la LCIA. En este caso, los dos árbitros restantes o cualquiera de las partes podrá solicitar de la Corte de la LCIA la revocación del nombramiento del árbitro rebelde y su sustitución de acuerdo con el procedimiento previsto en el Artículo 10.

13.1
Hasta la constitución del Tribunal Arbitral, todas las comunicaciones entre las partes y con el Tribunal Arbitral se efectuarán a través del Secretario.

13.2
En consecuencia, hasta tanto el Tribunal Arbitral no disponga que las comunicaciones se realicen directamente entre éste y las partes (con copia simultánea de la correspondencia al Secretario), las comunicaciones entre las partes y con el Tribunal Arbitral se realizarán a través del Secretario.

13.3
Se remitirá copia a las demás partes en el arbitraje de toda la correspondencia escrita que el Secretario, en nombre del Tribunal Arbitral, curse a una parte del arbitraje. La parte que remita al Secretario un escrito (incluyendo los previstos en el Artículo 15) adjuntará tantas copias como árbitros haya y remitirá copia del mismo directamente a las demás partes en el arbitraje, confirmando por escrito al Secretario que ha efectuado o está efectuando su envío.

Artículo 14
Instrucción del procedimiento

14.1
Las partes podrán pactar -y así se recomienda- la instrucción de su arbitraje, respetando los principios generales que el Tribunal Arbitral deberá observar siempre:

(i) tratar equitativa e imparcialmente a todas las partes, concediendo a cada una la oportunidad de oír y ser oída; y

(ii) acordar procedimientos que se adapten a las circunstancias del arbitraje, evitando retrasos o gastos innecesarios, con el fin de procurar medios equitativos y eficientes para resolver definitivamente la controversia existente entre las partes. Las partes adoptarán dichos acuerdos por escrito o, a su solicitud y con su autorización, se registrarán por escrito por el Tribunal Arbitral.

14.2
Salvo acuerdo por escrito de las partes en contrario al amparo del Artículo 14.1., el Tribunal Arbitral estará dotado de la más amplia discreción para el ejercicio de las funciones legalmente previstas por las leyes o normas que el Tribunal Arbitral estime aplicables. En todo caso, las partes harán todo lo posible para la equitativa, efectiva y rápida instrucción del procedimiento.

14.3
En los Tribunales Arbitrales de tres miembros, el Presidente, con el previo consentimiento de los demás árbitros, podrá adoptar resoluciones de meró trámite en solitario.

15.1
Salvo acuerdo de las partes en contrario al amparo del Artículo 14.1. o salvo que el Tribunal Arbitral haya dispuesto lo contrario, la fase de alegaciones escritas del procedimiento será según se describe.

15.2
Dentro de los 30 días siguientes a la recepción de la notificación del Secretario confirmando la constitución del Tribunal Arbitral, la Demandante enviará al Secretario su escrito de demanda, con una descripción suficientemente detallada de los fundamentos fácticos y jurídicos en los cuales basa su reclamación, junto con las pretensiones que se pretenden ejercitar contra las demás partes en el arbitraje, salvo que dicha exposición se contenga en su solicitud.

15.3
Dentro de los 30 días siguientes al de la recepción del escrito de demanda de la Demandante o al de la notificación por la cual ésta se ratifique en el contenido de su solicitud como escrito de demanda, la Demandada enviará al Secretario su contestación, con una descripción suficientemente detallada de los hechos y fundamentos de derecho del escrito de demanda o de la solicitud que admite o rechaza y los fundamentos fácticos y jurídicos sobre los que basa su defensa. Cualquier reconvención que formule la Demandada se remitirá junto con la contestación, con idéntica estructura formal a la del escrito de demanda.

15.4
Dentro de los 30 días siguientes a la recepción de contestación, la Demandante remitirá al Secretario su escrito de réplica y, de existir reconvención, su contestación a la demanda reconvencional, con la misma estructura que una contestación.

15.5
Si el escrito de réplica contiene una contestación a la demanda reconvencional, la Demandada remitirá al Secretario una réplica a la demanda reconvencional dentro de los 30 días siguientes al de su recepción.

15.6
Todas las alegaciones mencionadas en este Artículo se remitirán con copias de los documentos principales (o, de ser especialmente voluminosos, acompañados de un índice) en los que la parte correspondiente base su pretensión y que no hayan sido aportados previamente al procedimiento por ninguna de las partes y, de ser necesario, con las principales muestras y pruebas documentales.

15.7
Tan pronto como sea posible tras la recepción de las alegaciones mencionadas en este Artículo, el Tribunal Arbitral procederá de conformidad con los acuerdos escritos suscritos por las partes o de conformidad con la autoridad que dimana del Reglamento.

15.8
Si la Demandada se abstiene de remitir su contestación o la Demandante se abstiene de contestar a la demanda reconvencional o si en algún estadio procedimental cualquier parte no aprovecha la oportunidad que se le brinde para argumentar sus pretensiones en la manera prevista en los Artículos 15.2 a 15.6 ó en la dispuesta por el Tribunal Arbitral, éste estará facultado para continuar la instrucción del procedimiento y dictar un laudo.

16.1
Las partes podrán acordar por escrito la sede (o el lugar legal) de su arbitraje. En ausencia de tal acuerdo, la sede del arbitraje será Londres, salvo que la Corte de la LCIA, una vez analizadas todas las circunstancias concurrentes y después de haber dado trámite de audiencia por escrito a las partes, estime otro lugar como más apropiado para ser designado como sede del arbitraje.

16.2
El Tribunal Arbitral podrá discrecionalmente celebrar audiencias, reunirse y deliberar en cualquier otro lugar geográficamente distinto. Si éste difiere de la sede del arbitraje, se presumirá que el arbitraje se celebra en su sede. Cualquier eventual laudo que se dicte se presumirá rendido para todos los efectos en esa sede.
16.3

La ley aplicable al arbitraje (de existir alguna) será la del lugar de la sede del arbitraje, salvo sometimiento expreso por escrito de las partes a otra ley de arbitraje distinta, siempre que dicho acuerdo no sea contrario a la ley de la sede del arbitraje.

Artículo 17
El idioma del arbitraje

17.1
Salvo acuerdo por escrito de las partes en contrario, el idioma inicial del arbitraje será el utilizado en la redacción del convenio arbitral. La parte rebelde no podrá reclamar sobre el hecho de que las comunicaciones mantenidas con o cursadas por el Secretario sean en inglés o sobre que el arbitraje se instruya en este mismo idioma.

17.2
En los supuestos en los que el convenio arbitral esté redactado en uno o más idiomas y salvo que aquél disponga la instrucción del arbitraje en más de un idioma, la Corte de la LCIA decidirá cual de los idiomas será el idioma inicial del arbitraje.

17.3
Salvo acuerdo de las partes en cuanto al idioma o idiomas del arbitraje, el Tribunal Arbitral, una vez constituido, habiendo dado la oportunidad a las partes de emitir su opinión por escrito al respecto, analizado el idioma inicial del arbitraje y valoradas todas las circunstancias del caso que estime oportunas, decidirá el idioma o idiomas del arbitraje.

17.4
Si cualquier documento está redactado en un idioma o idiomas distinto o distintos al o los del arbitraje y se aporta al arbitraje sin traducción, el Tribunal Arbitral -o, en el supuesto de que éste no se haya constituido aún, la Corte de la LCIA- podrá requerir a la parte aportante del documento para que lo traduzca en la forma en que el Tribunal Arbitral -o la Corte de la LCIA, según los casos- estime oportuna.

18.1
Cualquier parte del arbitraje podrá estar representada por abogados o por cualesquiera otros representantes.

18.2
El Tribunal Arbitral, en cualquier estadio procedimental, podrá solicitar de las partes la acreditación de la representación otorgada a sus representantes en la forma que aquél estime oportuna.

19.1
Salvo acuerdo por escrito de las partes para someterse a un arbitraje exclusivamente documental, cualquiera de las partes que haya solicitado expresamente la celebración de una audiencia tiene derecho a exponer oralmente ante el Tribunal Arbitral su posición sobre el fondo de la controversia suscitada.

19.2
El Tribunal Arbitral fijará una fecha, una hora y un lugar para las reuniones y audiencia del arbitraje, convocando a las partes con la suficiente antelación.

19.3
Con carácter previo a la celebración de la audiencia, el Tribunal Arbitral podrá remitir a las partes una lista de las cuestiones que deberán ser contestadas con especial atención.

19.4
Salvo acuerdo por escrito en contrario de las partes o salvo disposición en contrario del Tribunal Arbitral, todas las reuniones y audiencias serán privadas.

19.5
El Tribunal Arbitral tiene plenas facultades para fijar la duración total o parcial de las audiencias y reuniones.

20.1
Antes de la celebración de cualquier audiencia, el Tribunal Arbitral podrá requerir a las partes la identificación de cada uno de los testigos que deseen interrogar y repreguntar, así como la materia sobre la que versara la deposición de cada uno de ellos, su contenido y su relevancia para el fondo del asunto.

20.2
El Tribunal Arbitral podrá determinar el momento y la forma en que las partes intercambiarán esta información entre ellas y con el propio Tribunal Arbitral. Asimismo, el Tribunal Arbitral está facultado para admitir, rechazar o limitar la declaración de un testigo o de un perito.

20.3
Salvo disposición en contrario del Tribunal Arbitral, un testigo podrá deponer por escrito, bien por medio de declaración escrita y firmada, bien mediante declaración jurada.

20.4
De confirmidad con lo dispuesto en los artíclos 14.1 y 14.2, una parte podrá solicitar que un testigo, en cuyo testimonio pretenda basarse, comparezca para una declaración oral en audiencia ante el Tribunal Arbitral. En el supuesto de que requerida la otra parte para citar al testigo éste incompareciera sin exhibir justa causa, el Tribunal Arbitral podrá valorar en conciencia o anular su declaración escrita, según estime apropiado a las circunstancias del caso.

20.5
Cada parte, bajo el control del Tribunal Arbitral, podrá hacerle al testigo las preguntas que tenga por conveniente. El Tribunal Arbitral también podrá preguntar al testigo durante su declaración.

20.6
Siempre que no se contravengan las disposiciones imperativas de cualquier ley aplicable, cualquiera de las partes o de sus abogados podrá entrevistarse con cualquier testigo, cierto o eventual, con el fin de obtener su declaración escrita o de citarle para declarar como testigo.

20.7
Cualquier persona que pretenda deponer ante el Tribunal Arbitral sobre hechos o sobre conocimientos técnicos será considerada como un testigo de conformidad con lo dispuesto en este Reglamento y con independencia de que el testigo sea parte en el arbitraje o sea o haya sido dirigente, ejecutivo, empleado o accionista de cualquiera de las partes.

21.1
Salvo acuerdo por escrito en contrario de las partes, el Tribunal Arbitral:

(a) estará facultado para nombrar uno o más peritos que dictaminen sobre cuestiones concretas, peritos que deberán ser y permanecer independientes e imparciales de las partes durante el curso del arbitraje; y

(b) estará facultado para requerir a cualquiera de las partes la puesta a disposición del perito o peritos designados de información vital o la autorización para su acceso a cualesquiera documentos, bienes, pruebas, propiedades o lugares que deban analizar.

21.2
Salvo acuerdo por escrito en contrario de las partes, si una de las partes así lo solicita o el propio Tribunal Arbitral lo estima necesario, el perito o peritos, una vez expuesto su informe oral o emitido su informe escrito al Tribunal Arbitral y a las partes, podrán ser citados para su comparecencia en una o varias audiencias, durante cuyo curso las partes podrán examinar al perito o peritos informantes y presentar otros peritos para que declaren sobre las cuestiones debatidas.

21.3
Los honorarios y gastos de cualquier perito nombrado por el Tribunal Arbitral al amparo del presente Artículo, se abonarán con cargo a las provisiones de fondos adelantadas por las partes por imperativo del Artículo 24 y se computarán como gastos del arbitraje.

22.1
Salvo acuerdo por escrito en contrario de las partes en cualquier momento, el Tribunal Arbitral, de oficio o a instancia de parte, y, en cualquier caso, previa audiencia de las partes, estará facultado para:

(a) autorizar a cualquiera de las partes la modificación de escritos de demanda, contestación, demanda reconvencional o contestación a la demanda reconvencional;

(b) prorrogar o acortar cualquier plazo conferido por el convenio arbitral, por este Reglamento o por las diligencias de ordenación del Tribunal Arbitral para la instrucción del arbitraje;

(c) realizar las indagaciones urgentes o necesarias -según el Tribunal Arbitral- y determinar y delimitar la autorización del Tribunal Arbitral para identificar de oficio los hechos, leyes y normas aplicables relevantes para el arbitraje, para el fondo del asunto y para el convenio arbitral;

(d) requerir a cualquier parte la puesta a disposición del Tribunal Arbitral de cualquier propiedad, edificio o pertenencia que esté bajo su posesión y que se refiera al arbitraje, para su inspección por el propio Tribunal Arbitral, por la otra parte, por su perito o por cualquier otro perito designado por el Tribunal Arbitral;

(e) requerir a una de las partes que aporte al Tribunal Arbitral, y a las demas partes para su inspeccion, cualquier documento o grupo de documentos relevantes -a juicio del Tribunal Arbitral- y/o las copias de los mismos que posea o custodie;

(f) decidir la aplicación o inaplicabilidad de determinadas reglas probatorias (o cualesquiera otra reglas) determinantes de la admisibilidad, importancia o valoración de cualquier material probatorio presentado por una parte en apoyo de cuestiones fácticas o que sea objeto de informe pericial; así como fijar la duración, modo y manera en que dicho material se intercambiará entre las partes y se aportará al Tribunal Arbitral;

(g) ordenar la corrección de cualquier contrato suscrito entre las partes o el convenio arbitral, siempre que dicha corrección se refiera a un error común a las partes -según el Tribunal Arbitral- y que esté asimismo autorizada por las leyes aplicables al contrato o al convenio arbitral; y

(h) sólo a solicitud de una de las partes, autorizar que uno o varios terceros sean parte del arbitraje, siempre que cualquier tercero y la parte solicitante de su inclusión en el arbitraje hayan expresado su conformidad a este respecto por escrito y su consentimiento para la emisión de un sólo laudo arbitral conjunto o de tantos laudos como partes estén implicadas en el arbitraje.

22.2
Se presumirá que las partes, sometiéndose a este Reglamento, renuncian a solicitar ante cualquier juzgado competente o ante cualquier otra autoridad judicial el ejercicio de alguno de los poderes disponibles para el Tribunal Arbitral en el Artículo 22.1., salvo acuerdo por escrito en contrario de las partes.

22.3
El Tribunal Arbitral decidirá sobre la controversia de acuerdo con las disposiciones de la ley, leyes o normas elegidas por las partes como aplicables al fondo del asunto. En la medida en que se aprecie la inexistencia de elección por las partes de ley, leyes o normas aplicables, el Tribunal Arbitral aplicará la ley, leyes o normas que juzgue apropiadas.

22.4
Sólo si existe acuerdo expreso por escrito de las partes el Tribunal Arbitral aplicará en sus decisiones sobre el fondo de la controversia los principios derivados del «ex æquo et bono», de la «amiable composition» o del «pacto de caballeros».

23.1
El Tribunal Arbitral podrá decidir acerca de su propia competencia, incluyendo las excepciones relativas a la existencia, validez o eficacia del convenio arbitral. Con esta finalidad, un convenio arbitral que forme o haya formado parte de otro contrato se considerará como un convenio arbitral independiente de aquél. Si el Tribunal Arbitral decide que dicho otro contrato es nulo de pleno derecho, no ha adquirido existencia definitiva o ha devenido ineficaz, ello no implicará la nulidad de pleno derecho, inexistencia o ineficacia inmediata del convenio arbitral.

23.2
Se presumirá que la Demandante renuncia irrevocablemente a formular la declinatoria por incompetencia objetiva o material del Tribunal Arbitral si dicha excepción no se plantea antes de o junto con la contestación. De igual forma se instruirán las excepciones similares contenidas en la demanda reconvencional, que deberán formularse antes de o junto con la contestación a la demanda reconvencional. La declinatoria por exceso de actuación del Tribunal Arbitral para conocer sobre el fondo de la controversia debe plantearse tan pronto como el Tribunal Arbitral haya indicado su intención de decidir sobre cuestiones que, aún alegadas por cualquiera de las partes, excedan de su competencia. La ausencia de formulación de tal excepción se interpretará como una renuncia irrevocable a la misma. En cualquier caso, el Tribunal Arbitral podrá admitir a trámite una declinatoria extemporánea si estima que el retraso es debido a causas particulares, debidamente justificadas.

23.3
El Tribunal Arbitral, según estime oportuno y de conformidad con las circunstancias que concurran, resolverá sobre el incidente de jurisdicción o de exceso de actuación arbitral mediante un laudo parcial sobre jurisdicción o, posteriormente, en el laudo final que se dicte.

23.4
Salvo que exista acuerdo por escrito de todas las partes en el arbitraje o previa autorización del Tribunal Arbitral o un laudo de éste resolviendo el incidente de jurisdicción o de exceso de actuación arbitral, se presumirá que las partes, sometiéndose a arbitraje bajo los auspicios de este Reglamento, renuncian a solicitar de cualquier juzgado competente u de cualquier otra autoridad judicial un pronunciamiento sobre la competencia o sobre la delimitación de la actuación del Tribunal Arbitral.

Artículo 24
Provisiones

24.1
La Corte de la LCIA puede solicitar a las partes uno o varios pagos parciales o totales, en las proporciones que estime oportunas y a cuenta de las costas del arbitraje. Estas provisiones se realizarán a favor de la LCIA, que se constituirá en depositaria de las mismas. Según se instruya el arbitraje, la Corte de la LCIA podrá abonar eventualmente con cargo a estas provisiones cantidades a los árbitros, a cualquier perito nombrado por el Tribunal Arbitral y a la LCIA.

24.2
El Tribunal Arbitral sólo continuará con la instrucción del arbitraje una vez haya verificado con el Secretario o con cualquier Secretario en funciones que la Corte de la LCIA dispone de los fondos solicitados.

24.3
En el supuesto de que una de las partes se abstenga o rehuse abonar el importe de cualquier provisión a favor de la Corte de la LCIA, ésta, con el fin de que el arbitraje pueda continuar, podrá ordenar a la otra parte o a las demás partes el abono de la provisión solicitada en substitución de aquélla (sujeto a un eventual laudo sobre costas). En estas circunstancias, la parte que substituya el abono de la provisión podrá repetir contra la parte deudora, toda vez que la cantidad adelantada es una deuda liquida y exigible.

24.4
En el supuesto de que la Demandante o la Demandante reconvencional no abonen a la mayor brevedad y completamente la provisión solicitada, la Corte de la LCIA entenderá esta actitud como un desistimiento de la demanda principal o de la demanda reconvencional, según proceda.

25.1
Salvo acuerdo por escrito en contrario de las partes, el Tribunal Arbitral, a solicitud de una de las partes, estará facultado para:

(a) ordenar a cualquier Demandada o Demandada reconvencional que afiance parcial o totalmente la cuantía reclamada, sea por medio de depósito, aval bancario o de cualquier otro modo y manera que el Tribunal Arbitral estime oportuno. Este modo y manera incluye el ofrecimiento por la Demandante principal o por la Demandante reconvencional de una contragarantía, avalada de la forma que el Tribunal Arbitral estime pertinente, para afrontar los gastos que pudiese sufrir la Demandada por motivo de la constitución de la garantía referida. El importe de los gastos de constitución de la contragarantía se fijará por el Tribunal Arbitral en uno o varios laudos;

(b) decretar la conservación, el almacenamiento, la venta o cualquier otra forma de disposición de cualquier propiedad bajo el control de cualquiera de las partes y que sea objeto de la materia debatida en el arbitraje;

(c) decretar provisionalmente, y sujeto a la posterior confirmación de un laudo final, la concesión de cualquier compensación que el Tribunal pueda conceder a las partes en el laudo final, incluido el pago de una cantidad dineraria o la venta de una propiedad entre las partes.

25.2
Previa la solicitud de una de las partes, el Tribunal Arbitral estará facultado para requerir a cualquier Demandante o Demandante reconvencional el afianzamiento de las costas u otros gastos de cualquiera otra parte, sea por medio de depósito, aval bancario o de cualquier otro modo y manera que el Tribunal Arbitral estime oportuno. Este modo y manera incluye el ofrecimiento por la parte solicitante de una contragarantía, avalada de la forma que el Tribunal Arbitral estime pertinente, para afrontar los gastos que pudiese sufrir la Demandante por motivo de la constitución de la garantía referida. El importe de los gastos de constitución de la contragarantía se fijará por el Tribunal Arbitral en uno o varios laudos. En el supuesto de que la Demandante o la Demandante reconvencional incumpla el requerimiento para afianzar, el Tribunal Arbitral podrá suspender las pretensiones o pretensiones reconvencionales o declarar su improcedencia en un laudo.

25.3
La facultad del Tribunal Arbitral contemplada en el Artículo 25.1. no afectará al derecho de cualquiera de las partes a instar con anterioridad a la constitución del Tribunal Arbitral -o, excepcionalmente, después- ante cualquier juzgado competente o ante cualquier otra autoridad judicial la adopción de medidas provisionales de protección y aseguramiento de bienes litigiosos. Cuando tales medidas hayan sido adoptadas con posterioridad a la constitución del Tribunal Arbitral, la parte solicitante dará traslado inmediato al Tribunal Arbitral y a todas las demás partes de la solicitud y de la providencia concediendo las mismas. No obstante, se entenderá que las partes, sometiéndose a arbitraje bajo los auspicios de este Reglamento, renuncian a instar ante cualquier juzgado competente o ante cualquier otra autoridad judicial la adopción de cualesquiera medidas provisionales de protección y aseguramiento de bienes litigiosos que el Tribunal Arbitral pueda adoptar al amparo del Artículo 25.2.

26.1
El Tribunal Arbitral dictará el laudo por escrito, el que deberá ser motivado, salvo acuerdo en tal sentido por las partes, acuerdo que debe encontrarse escriturado. El laudo contendrá la fecha en que se ha dictado, la sede del arbitraje y la firma del Tribunal Arbitral o de aquellos miembros que aprueben su contenido.

26.2
Si, a pesar de habérsele dado la oportunidad de rectificar, un árbitro contraviene las normas imperativas de cualquier ley aplicable para la confección del laudo, los árbitros restantes podrán proceder en ausencia del árbitro infractor, reflejando en su laudo las circunstancias que justifiquen la ausencia de dicho árbitro en la elaboración del laudo.

26.3
Cuando el Tribunal Arbitral esté compuesto por tres miembros y no exista acuerdo unánime del Tribunal Arbitral sobre un aspecto, los árbitros decidirán sobre ese particular por mayoría. Si no es posible alcanzar la mayoría, el Presidente del Tribunal Arbitral decidirá sobre esa materia.

26.4
Si uno de los árbitros declina firmar el laudo, serán suficientes las firmas de la mayoría de los árbitros, o, en ausencia de éstas, la del Presidente del Tribunal Arbitral, siempre y cuando se reflejen en el laudo por mayoría o en el rendido por el Presidente del Tribunal Arbitral los motivos que justifiquen la ausencia de las firmas requeridas.

26.5
El árbitro único o el Presidente del Tribunal Arbitral serán responsables de entregar el laudo a la Corte de la LCIA, la cual, una vez abonadas por las partes a la LCIA todas las costas del arbitraje y honorarios profesionales de asistencia letrada por virtud del Artículo 28 de este Reglamento, notificará a las partes copias certificadas del laudo dictado.

26.6
El laudo podrá fijar importes en cualquier moneda. El Tribunal Arbitral podrá decretar el pago por cualquiera de las partes de intereses simples o compuestos sobre la cantidad que se condene a pagar, a los tipos -no necesariamente legales- y durante el periodo que el Tribunal Arbitral estime pertinente hasta la fecha de cumplimiento efectivo del laudo.

26.7
El Tribunal Arbitral podrá dictar laudos separados sobre diferentes materias en diferentes etapas procedimentales. Estos laudos tendrán la misma categoría y los mismos efectos que cualquier otro laudo rendido por el Tribunal Arbitral.

26.8
Si la partes convienen una transacción de la controversia y así lo solicitan por escrito, el Tribunal Arbitral dictará un laudo registrando dicha transacción («laudo de mutuo acuerdo»), mencionándose expresamente su calidad. Un laudo de mutuo acuerdo no debe estar necesariamente motivado. En el supuesto de que las partes no soliciten la emisión de un laudo de mutuo acuerdo y una vez que hayan confirmado a la Corte de la LCIA por escrito la existencia de una transacción, el Tribunal Arbitral cesará en sus funciones y el arbitraje concluirá, sujeto al pago por las partes de cualesquiera costas del arbitraje y honorarios profesionales de asistencia letrada por mor del Artículo 28.

26.9
Todos los laudos serán definitivos y vinculantes para las partes. Las partes, sometiéndose a arbitraje bajo los auspicios de este Reglamento, se comprometen a ejecutar inmediatamente y sin demora cualquier laudo (condicionado sólo por el Artículo 27). Las partes renuncian irrevocablemente a cualesquiera vías de recurso de apelación o revisión ante cualquier juzgado o autoridad judicial competente, siempre que dicha renuncia puede ser válidamente realizada.

27.1
Dentro de los 30 días siguientes a la recepción de cualquier laudo -o en un plazo inferior acordado por escrito por las partes- cualquiera de las partes podrá solicitar por escrito al Secretario (con copia a las demás partes) que requiera del Tribunal Arbitral la corrección de errores de cálculo, mecanográficos, tipográficos o de naturaleza similar contenidos en el laudo. Si el Tribunal Arbitral estima pertinente el requerimiento, corregirá los errores señalados en los 30 días siguientes a la recepción de aquél. Cualquier corrección que se efectúe se contendrá en un informe separado, fechado y firmado por el Tribunal Arbitral o, de estar éste compuesto por tres árbitros, por aquellos miembros que aprueben su contenido. Dicho informe formará parte del laudo a todos los efectos.

27.2
De igual forma, dentro de los 30 días siguientes a la fecha de emisión de laudo, el Tribunal Arbitral está facultado para corregir de oficio -y con los mismos efectos expuestos- cualquier error encuadrable en los descritos en el Artículo 27.1.

27.3
Dentro de los 30 días siguientes a la recepción del laudo final, cualquiera de las partes podrá solicitar por escrito al Secretario (con copia a las demás partes) que requiera del Tribunal Arbitral la emisión de un laudo adicional sobre las demandas principales o reconvencionales que, siendo objeto del arbitraje, estén ausentes del cuerpo de cualquier laudo dictado durante el curso del arbitraje. Si el Tribunal Arbitral estima pertinente el requerimiento, rendirá un laudo adicional en los 60 días siguientes a la recepción de aquél. Los contenidos del Artículo 26 se aplicarán a cualquier laudo adicional.

28.1
Las costas del arbitraje (distintas de los honorarios profesionales de asistencia letrada o de cualesquiera otros gastos en que las partes hayan incurrido por su cuenta) se fijarán por la Corte de la LCIA, de conformidad con el arancel. Las partes son mancomunada y solidariamente responsables del pago de las costas del arbitraje al Tribunal Arbitral y a la LCIA.

28.2
El laudo del Tribunal Arbitral liquidará las costas del arbitraje fijadas por la Corte de la LCIA. Salvo acuerdo por escrito en contrario de las partes, el Tribunal Arbitral decidirá la proporción que cada parte estará obligada a abonar de la totalidad o de una parte de dichas costas arbitrales. Si el Tribunal Arbitral condenara al abono de la totalidad o de una parte de las costas de arbitraje a una parte distinta de la parte que ya las abonó a la LCIA, ésta última parte tendrá derecho a repetir contra la parte condenada, reclamando el pago de la cantidad correspondiente.

28.3
Salvo acuerdo por escrito en contrario de las partes, el Tribunal Arbitral, mediante laudo, estará facultado para condenar a una de las partes litigantes al pago a la parte contraria de la totalidad o de una parte de las costas de los honorarios profesionales de asistencia letrada y otros gastos adicionales en los que ésta última hubiera incurrido. El Tribunal Arbitral identificará y liquidará el importe de cada una de las partidas que componen esos gastos, sobre la base de los criterios que estime razonables.

28.4
Salvo acuerdo por escrito en contrario de las partes, el Tribunal Arbitral podrá justificar la imposición de las costas del arbitraje y de los honorarios profesionales de asistencia letrada basándose en el principio de que la condena en costas refleja el éxito y el fracaso de las respectivas pretensiones de las partes litigantes en el laudo o en el arbitraje, salvo que, atendiendo a las circunstancias particulares del caso, el Tribunal Arbitral estime inapropiada la aplicación de este principio general. Cualquier condena en costas será motivada en el laudo que la contenga.

28.5
Si se desiste, suspende o concluye el arbitraje por virtud de la firma de un acuerdo transaccional o de otra fórmula, las partes serán mancomunada y solidariamente responsables del pago a la LCIA y al Tribunal Arbitral de las costas del arbitraje fijadas por la Corte de la LCIA de conformidad con el arancel. En el supuesto de que las costas del arbitraje sean inferiores a los depósitos constituidos por las partes litigantes, la LCIA devolverá el remanente a la partes en la proporción que éstas hayan convenido o, en ausencia de tal acuerdo, en las mismas proporciones abonadas por las partes en su día a la LCIA en concepto de provisiones.

29.1
Las decisiones adoptadas por la Corte de la LCIA relativas a todas las cuestiones relativas al arbitraje serán definitivas y vinculantes para las partes y para el Tribunal Arbitral. Dichas decisiones tendrán naturaleza administrativa, sin que sea necesaria su motivación por la Corte de la LCIA.

29.2
Dentro de los límites permitidos por la ley de la sede del arbitraje, se presumirá la renuncia de las partes a interponer ante un juez competente o ante cualquier otra autoridad judicial recurso de apelación o de revisión contra estas decisiones adoptadas por la Corte de la LCIA. Si dichas apelaciones son irrenunciables por virtud de preceptos o normas imperativas, la Corte de la LCIA, de conformidad con tales normas, decidirá sobre la pertinencia de la suspensión del arbitraje durante la substanciación del recurso de apelación o de revisión.

30.1
Salvo acuerdo por escrito expreso en contrario de las partes, éstas, como principio general, se comprometen a mantener la confidencialidad de todos los laudos dictados en el curso del arbitraje, así como la de toda la documentación obrante en el procedimiento y la de cualesquiera otros documentos presentados por otra parte litigante que no sean de dominio público, salvo y en la medida en que su revelación sea consecuencia de la solicitud de una parte en ejercicio de su legítimo derecho para perseguir o proteger cualquier derecho o ejecutar o recurrir cualquier laudo de buena fe ante un juzgado competente o ante cualquier otra autoridad judicial.

30.2
Asimismo, las deliberaciones del Tribunal Arbitral son confidenciales entre sus miembros, salvo y en la medida en que, de conformidad con los Artículos 10, 12 y 26 de este Reglamento, se requiera su revelación de los miembros del Tribunal Arbitral para justificar el rechazo de un árbitro a participar en el arbitraje.

30.3
La Corte de la LCIA no publica -ni total, ni parcialmente- ningún laudo sin el previo consentimiento de todas las partes y del Tribunal Arbitral.

31.1
Ningún miembro de la LCIA, de la Corte de la LCIA (incluidos su Presidente, Vicepresidente y miembros individuales), su Secretario o Secretario en funciones, árbitro o perito del Tribunal Arbitral serán responsables ante ninguna parte de acto u omisión alguna surgida de un arbitraje instruido al amparo de este Reglamento, salvo que la parte afectada demuestre que dicho acto u omisión constituyen un acto ilegal, consciente y deliberadamente cometido por el Organismo o persona que dicha parte estime responsable.

31.2
Una vez rendido el laudo y vencidos o transcurridos los plazos previstos en el Artículo 27 para la corrección de laudos o emisión de laudos adicionales, ni la LCIA, ni la Corte de la LCIA (incluidos su Presidente, Vicepresidente y miembros individuales), ni su Secretario o Secretario en funciones, ni ningún árbitro o perito del Tribunal Arbitral están legalmente obligados a comentar a ninguna persona aspecto alguno sobre el arbitraje, ni ninguna de las partes litigantes estará autorizada para citar a ninguna de esas personas como testigo en ningún proceso judicial o de otros tipo derivado del arbitraje.

Artículo 32
Reglas generales

32.1
Se interpretará que una parte renuncia irrevocablemente a su derecho a objetar cuando, siendo consciente de la inaplicación de algún aspecto del convenio arbitral (incluido este Reglamento), continúa el desarrollo del arbitraje sin formular inmediatamente su queja.

32.2
En todos aquellos particulares no contemplados en este Reglamento, la Corte de la LCIA, el Tribunal Arbitral y las partes actuarán de conformidad con el espíritu de este Reglamento, esforzándose siempre para que el laudo que eventualmente se dicte sea legalmente ejecutable.

CLÁUSULAS ARBITRALES RECOMENDADAS

(i) Controversias futuras

Para aquellas partes que deseen someter sus controversias futuras al arbitraje bajo el Reglamento de Arbitraje de la LCIA, se recomienda la cláusula que se transcribe a continuación. Las palabras entre corchetes deben ser borradas o completadas, según proceda.

«Cualquier controversia surgida de o en relación con este contrato, incluida cualquier cuestión relativa a su existencia, validez o extinción, se someterá y será finalmente resuelta mediante arbitraje de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la LCIA, Reglamento que se entiende incorporado por referencia a esta cláusula.

El número de árbitros será [uno/tres].

La sede del arbitraje será [ciudad y/o país].

El idioma del arbitraje será [ ].

La ley aplicable al contrato será la ley sustancial de [ ].»

(ii) Controversias presentes

Si surgida una controversia no existe convenio de arbitraje suscrito entre las partes o si las partes desean enmendar una cláusula de resolución de controversias para someterse al arbitraje bajo el Reglamento de Arbitraje de la LCIA, se recomienda la cláusula que se transcribe a continuación. Las palabras entre corchetes deben ser borradas o completadas, según proceda.

«Surgida una controversia entre las partes relativa [ ],por medio de la presente las partes acuerdan que la controversia se someta y sea finalmente resuelta mediante arbitraje de acuerdo con el Reglamento de Arbitraje de la LCIA, Reglamento que se entiende incorporado por referencia a esta cláusula.

El número de árbitros será [uno/tres].

La sede del arbitraje será [ciudad y/o país].

El idioma del arbitraje será [ ].

La ley aplicable al contrato será la ley sustancial de [ ].»

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